El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno-Ocampo, decidió el 14 de julio de 2008 demostrar que ningún presidente de un Estado puede estar a salvo de la justicia cuando se cometen crímenes tan graves como los que ocurren en Darfur, provincia occidental de Sudán. Sin embargo, los intereses de potencias extranjeras sobre el petróleo de Sudán y las negociaciones geopolíticas pueden convertir esa demanda en poco más que una amenaza.
La acusación del presidente de Sudán, Omar al-Bashir, de crímenes contra la humanidad, genocidio y guerra ha supuesto un hecho histórico.Por primera vez, la Corte Penal Internacional acusa a un jefe de Estado en funciones y solicita una orden de arresto contra él. En marzo de 2005, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó la Resolución 1593, respaldada por Francia y Gran Bretaña, remitiendo la situación de Darfur a la fiscalía de la CPI.
¿Significan estas acciones que la comunidad internacional está dispuesta a tratar con firmeza a los violadores de los derechos humanos y hacer justicia? ¿O es simplemente una manera de presionar al presidente sudanés para obtener algunas concesiones que no han podido conseguirse por la vía diplomática? En este comentario de Isabelle Birambaux se analizan estas cuestiones.