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| Stan Honda/AFP/Getty Images |
El pasado mes de julio, varios sucesos pusieron de relieve las dificultades que tiene la justicia internacional para avanzar. Uno de los principales problemas es la ampliación de la jurisdicción más allá de las fronteras estatales en casos de genocidio o violaciones masivas de los Derechos Humanos.
Frente a las demandas y requerimientos de jueces españoles y franceses, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, logró un amplio apoyo de la Unión Africana para que sus miembros no respondan ni acepten ser juzgados por otros países o cortes internacionales.
Al mismo tiempo, ante la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional de acusar al presidente de Sudán de promover el genocidio en Darfur, la Unión Africana, la Liga Árabe y la Organización de la Conferencia Islámica cerraron filas acusando a Occidente de injerencia en sus asuntos internos.
Por primera vez, varias voces africanas se elevan al unísono contra la rendición de cuentas, sus formas y los agentes que la proveen.
