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Guatemala: Seguridad, derechos humanos y el Estado después de las elecciones

19/11/2007 Por Publicaciones FRIDE

Los participantes coincidieron en que Colom, un social demócrata que lidera el partido Unidad Nacional de Esperanza (UNE), comparte las preocupaciones internacionales sobre la fragilidad del Estado, los índices de asesinatos, la impunidad judicial y el tráfico de drogas en este país de 13 millones de habitantes.

Sin embargo, los panelistas, así como los participantes, observaron que el presidente electo puede no tener a disposición los instrumentos necesarios para manejar adecuadamente las amenazas que enfrenta el país.

También subrayaron especialmente la dicotomía entre las promesas que formaron parte de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil – firmados entre el gobierno y la guerrilla en 1996 – y la realidad del Estado vaciado de hoy. La clave de la debilidad operacional y la corrupción identificada en las fuerzas policiales y en las instituciones judiciales radican en la combinación de antiguas estructuras contrainsurgentes o cofradías y en las nuevas fuentes de poder y riqueza que provienen del crimen transnacional, particularmente del tráfico de drogas.

Una población joven que debe sobrevivir en circunstancias de cada vez mayor empobrecimiento, dentro de una sociedad con alto grado de desigualdad, ha acentuado la tendencia hacia el crimen: de acuerdo con estimaciones de Estados Unidos, el 90 por ciento de la cocaína consumida en ese país pasa ahora a través de América Central. Asimismo, en años recientes, las muertes asociadas a programas semi-oficiales de “depuración social”, se han disparado.

El crimen y la ola de asesinatos asociada a este proceso de desmoronamiento institucional tuvo mucho que ver con el predicamento urbano masivo que obtuviera Otto Pérez Molina, el general retirado que compitió con Colom en la segunda vuelta de las elecciones, bajo el eslogan de “mano dura”.

Para que el presidente electo pueda tener éxito en mejorar la seguridad y cumplir las promesas de desarrollo socio-económico, resultarán cruciales las respuestas del Estado y el sistema político. Así, varios participantes expresaron dudas a este respecto sobre la competencia del ministerio público, la extrema fragmentación de los partidos políticos y las diferentes facciones al interior de la UNE, e incluso a los representantes de los militares y de los carteles del crimen.

Los asistentes se congratularon también de un número sustancial de reformas que tuvieron lugar desde la firma de los acuerdos de paz. Por ejemplo, un mayor registro electoral, una mayor transparencia en las compras gubernamentales y el creciente papel de políticos de origen indígena a nivel local, que fueron reconocidos como importantes logros del gobierno saliente.

La realización misma de la sexta elección presidencial en la democracia guatemalteca de 22 años de edad, es también señal de una cierta consolidación del sistema político. Sin embargo, se hizo hincapié en el limitado progreso obtenido en el tema central de la reforma impositiva: el sector privado, representado por la poderosa federación que representa a los empresarios de todos los sectores, CACIF, fue criticada por su anarquismo “anti-estado” al congelar la carga fiscal en apenas un poco más del 10 por ciento del PIB.

Un participante acotó que el gobierno de Colom podría dar una “sorpresa” en la cuestión de los impuestos. Sin embargo, muchos otros, destacaron que el fracaso de Guatemala, como país de ingresos medios bajos, para establecer una base impositiva sólida puso en cuestión el apoyo futuro para el desarrollo u otros programas de ayuda, particularmente después de las sustanciales inversiones internacionales debido a los acuerdos de paz.

Algunos participantes recordaron que los donantes internacionales a menudo han financiado proyectos no muy bien concebidos y que han sido mal gestionados, con poca comprensión de la realidad y de la historia institucional del país.

A este respecto, el debate se centró en el nuevo buque insignia de las iniciativas internacionales: la Comisión contra la Impunidad en Guatemala de las Naciones Unidas (CICIG), que comenzará a funcionar en enero próximo, bajo la dirección el español Carlos Castresana.

La CICIG fue reconocida como una iniciativa experimental de gran envergadura. Sus tareas estarán centradas en la investigación de los grupos clandestinos al interior del Estado y la presión para su enjuiciamiento – sobre todo en la policía. Con todo, también fueron reconocidas las dificultades que podría enfrentar. Los juicios criminales formales continuarán en manos del sistema judicial guatemalteco, que podría bien fracasar al cooperar; pero mucho dependerá de la designación de Colom para ocupar el cargo de fiscal general, de la presión diplomática concertada, y de la propia determinación del presidente electo.

Los peligros físicos que pueden enfrentar los investigadores locales y extranjeros son también considerables, y pueden entrañar una rotación frecuente de la plantilla.

Aun así, la comisión internacional representa una mejora sustancial respecto de las actuales políticas de “purgas” regulares en la policía y otras instituciones de seguridad. Como muchos oradores observaron, las limpiezas sólo sirven para estimular los rangos dentro del crimen organizado, y a menudo están coordinadas por facciones que, junto con las fuerzas de seguridad determinadas, están buscando reforzar sus propios poderes.

Son un instrumento destructivo, y han reducido a poco más de 18.000 efectivos la fuerza policial nacional. De ellos, aproximadamente 2.500 están disponibles para patrullar diariamente, brindando una protección exigua a un país de 13 millones de habitantes, en el que circulan cerca de una millón de armas de fuego.

Asimismo, también se expresaron dudas respecto del nuevo plan de Estados Unidos, anunciado en octubre por el Presidente George W. Bush, de proveer 500 millones de dólares para financiar inicialmente a los militares en México y América Central con el objetivo de fortalecer la lucha contra el narcotráfico.

Dado que la participación de oficiales retirados y en actividad en las tramas de la droga es notable, los participantes manifestaron su preocupación de que la iniciativa no prospero debidamente. El dinero proveniente de la droga está afligiendo al Estado, pero éste en sí mismo es históricamente débil, racialmente discriminatorio y está dominado por los intereses económicos privados.

Tanto los líderes nacionales como los gobiernos extranjeros deberían concentrar sus esfuerzos no sólo en batallas contra narcóticos de corto plazo sino también en el proceso de construcción de la paz y construcción del Estado en el amplio sentido, que Guatemala tan urgentemente necesita.



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