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El Estado corroído en Nicaragua

09/11/2006 Por Ivan Briscoe

A pesar de las promesas múltiples de combatir la pobreza y erradicar el desempleo, pronunciados por todos los contrincantes durante la campaña electoral en Nicaragua, el nuevo gobierno del Frente Sandinista (FSLN) tomará control en enero de un país sumido en una grave crisis socioeconómica, con un Estado incapaz hasta ahora de garantizar servicios básicos o condiciones dignas de vida.

La victoria electoral de Daniel Ortega representa un regreso al poder quizás sorprendente, 17 años después de su derrota en las elecciones de febrero de 1990 que marcaron el final de una guerra de “baja intensidad,” financiada del lado insurgente por Estados Unidos.

Pero el aparato institucional público que Ortega heredará después de tres consecutivas administraciones “Liberales” es muy distinto a su versión durante el gobierno revolucionario, cuando las autoridades tuvieron una presencia ubicua en la vida cotidiana, y también al régimen anterior, autoritario y represivo, de la familia Somoza (1936-1979).

La red de empresas estatales y sectores subsidiados creada por el Sandinismo se desmanteló bajo los tres gobiernos Liberales, a través de la privatización de más de 350 entidades.

El enfoque del último presidente Liberal, Enrique Bolaños (2002-2007), ha seguido el mismo rumbo netamente ortodoxo, destacando la apertura a la inversión extranjera, el saneamiento de las cuentas públicas, y las buenas relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ivan Briscoe analiza esta situación.


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Palabras clave

Estado frágil América Latina y Caribe Nicaragua Post conflicto Pobreza Estado de derecho

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Bio autor: Ivan Briscoe

Ex investigador senior en el área de Paz, Seguridad y Derechos Humanos en FRIDE